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  • El municipio de Lomas creó un área de Prevención de la Violencia Institucional

    gonzalo-bugatto
    El Municipio de Lomas de Zamora creó una Dirección Municipal de Prevención de la Violencia Institucional, con el fin de articular estrategias para prevenir abusos de fuerzas de seguridad y articular acciones con la Justicia en ese sentido.
    Por decreto municipal, fue designado al frente de esta nueva dependencia Gonzalo Bugatto, hermano de Lautaro, un joven muerto por una bala policial hace poco más de un año. Además, el nuevo funcionario es un dirigente de la juventud del Movimiento Evita de Lomas de Zamora.
    La nueva área depende de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de Lomas de Zamora, a cargo de Victor Matassi.
    Entre sus objetivos se encuentra articular con ONG´s en la denuncia y prevención de casos de violencia institucional, generar herramientas desde el Estado con el mismo fin, coordinar acciones con la Justicia, y realizar acciones de visibilización de la problemática de los abusos institucionales en distintos ámbitos.
    Fuentes cercanas al Palacio Municipal destacaron el acuerdo generalizado de distintos sectores políticos en la creación del área y en la designación de Gonzalo Bugatto al frente de la misma.

  • Los autores de la Masacre de Budge eran “parte de la patota de Ramón Camps”

    BalmacedaMinoRomero (Foto: Balmaceda, Miño y Romero)
    Uno de los abogados de los tres jóvenes víctimas de la Masacre de Budge, Ciro Annichiarico, aseguró que los policías que perpetraron eran “parte de la patota de Ramón Camps”, ex jefe de la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Y recordó que aquél hecho fue “un catalizador que significó el levantamiento de todo un barrio”.
     annichiaricco(Ciro Annichiaricco)
    La Masacre de Budge fue perpetrada por efectivos de la entonces Subcomisaría de Ingeniero Budge, quienes el 8 de mayo de 1987 asesinaron a tres jóvenes que estaban bebiendo cerveza en la esquina de Figueredo y Guaminí, de esa localidad.
    “Los policía Ramón Balmaceda, Isidro Romero y Jorge Miño – los homicidas de los pibes de Budge – eran parte de la antigua patota de Ramón Camps que no se había desarticulado”, recordó Annichiarico, que representó a los familiares de las víctimas junto al fallecido León Zimmerman.
    El abogado dijo que cuando ocurrió el hecho “había mucha gente en la calle. Había multiplicidad de testigos. Fue un catalizador que generó un levantamiento popular”. Y contó que un rato después de los disparos que terminaron con los jóvenes Aredes, Olivera y Argañaráz “en el barrio hubo un corte de luz generado por la propia Policía y aprovecharon para arrojarles armas a los pibes”.
    En tanto, sostuvo que el caso una “bisagra que permitió poner en el análisis el sistema policial que persistía desde la época de (Ramón) Camps”. Y añadió que junto a Zimmerman debieron enfrentarse “una Justicia que era todavía la de la dictadura, con un gobierno ausente, que no parecía cambiar nada”.
    Asimismo, señaló que hubo persecuciones a los familiares de la víctimas y a León Zimmerman le quemaron su vehículo.
    Annichiarico consideró que desde aquél caso “hubo algunos intentos válidos de reformar la Policía Bonaerense pero enseguida el poder provincial cedía y reaparecía el autogobierno policial, basado en la mano dura, y con la ayuda de peligrosos discursos de algunos medios masivos en la misma dirección”. Y agregó que diariamente recibe en su estudio “denuncia de casos de armado de causas y golpes en comisarías”.
    El abogado lomense y asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aseguró que “existe una gran coincidencia en torno a que detrás de la violencia institucional hay decisiones políticas”. Además, recordó que el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni sostuvo que “no pueden existir cocinas de paco sin que lo sepa la Policía”.

  • Piden la absolución de policía acusado de matar a dos jóvenes en Fiorito

    Tribunales-de-Lomas-de-Zamo
    La defensa del policía acusado de matar a dos jóvenes en Fiorito solicitó la absolución para el imputado. El lunes próximo se escucharán las últimas palabras del efectivo de la Policía Federal y luego, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Lomas de Zamora decidirá si dicta en ese momento la sentencia o fija otra fecha.
    Fuentes judicial explicaron que la defensa del policía Walter Ledesma solicitó medidas complementarias, en caso de que al imputado se le aplique alguna pena.
    El juicio oral se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Lomas de Zamora, a cargo de los jueces Rafael Villamayor, Marcelo Dellature y Jorge Camino.
    El policía Walter Ledesma fue acusado por“doble homicidio simple” por la fiscalía, que solicitó 20 años de prisión y que se le revoque la prisión domiciliaria y se lo envíe a una unidad penal. En tanto, la abogada María del Carmen Verdú – representante de los jóvenes asesinados – entendió que se trató de un“doble homicidio agravado”, pidiendo la pena de prisión perpetua.
    El policía Maximiliano Ledesma está acusado de matar a Walter Robles y Leandro Pérez -ambos de 19 años-, en un hecho ocurrido en la medianoche del 26 de setiembre de 2010, en Recondo y Pío Baroja, en Fiorito, Lomas de Zamora.
    El policía relató que en que se encontraba con su novia Tamara en la puerta de la casa de ella, se acercaron dos jóvenes que intentaron robarle la moto. Según agregó, también lo amenazaron y hasta le dispararon. La primera versión de los hechos indicaba que Ledesma -que cumplía funciones de custodia en la Casa Rosada- le disparó y mató a Robles y Pérez, para defenderse del ataque.
    No obstante, las pericias y algunos testimonios de los vecinos del lugar marcaron otra versión de los hechos, cuestionando seriamente la actitud del policía Ledesma.

  • Mestrín explicó los «malos tratos» que reciben los detenidos en la Unidad Penal de Lomas

    Maria-Mestrin

    Una de las Defensoras Oficiales de Lomas de Zamora María Fernanda Mestrín explicó los motivos por los cuales junto a sus pares presentaron un Habeas Corpus  Correctivo Colectivo donde denuncian que los detenidos en la Unidad 40 del barrio Facundo Quiroga reciben “Malos Tratos” por parte del Servicio Penitenciario bonaerense y manifestó que estos castigos son “los hermanos menores de las torturas”.

    Audio María Fernanda Mestrín

    Además, catalogó de “autogobierno” la forma en la que se maneja el Servicio Penitenciario Provincial y, si bien eligió no criticar la política del estado Provincial, entendió que se está “dejando hacer” a esta una “corporación” sin control externo.

    “Nosotros denunciamos torturas en este penal a mediados del año pasado pero en esta oportunidad denunciamos malas prácticas. Si vos me decís si yo vi con mis ojos tortura en términos de picana eléctrica te digo que no, jamás le pondría al estado un mote si no lo puedo acreditar. Pero si te digo que encerrar a un joven durante 20 días o dos meses sin luz natural ni artificial, en un lugar muy chico, donde debe agacharse para buscar la comida constituye malos tratos y los malos tratos son los hermanos menores de la tortura”, expresó en Ciudad Animal Mestrín.

    Al tiempo que detalló que “en esta cárcel Provincial, encontramos cosas muy graves, además del hacinamiento hallamos tres pabellones de aislamiento durante 24 horas de la totalidad de los alojados allí. Esto significa que un joven de 20 años muy quebrado emocionalmente permanece 24 horas durante varios días alojado dentro de una celda con una letrina tapada, sin luz natural ni artificial, sin atención médica y en condiciones no relacionadas con las sanciones. Y aunque se tratase de un caso de sanción, lo cual es muy difícil de comprobar, la reacción estatal frente a levantar la voz o hacer un ruido con una lata importante una respuesta desproporcionada”.

    No obstante, Mestrín agregó También había jóvenes que no estaban sancionados sino que habían llegado a la Unidad y nadie los había atendido, o sea que no sabían dónde ponerlos, y otros jóvenes que estaban en tránsito ya que venían a juicio y se quedarían por unos días”. En ese contexto, La Defensora reflexiono ”imagínense el nivel de violencia que es estado está generando en estos jóvenes”.

    La denuncia fue formulada ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora y por sorteo recayó en el juez Gabriel Vitale.  Sobre la misma, Mestrín añadió que “en este Habeas Corpus lo que hicimos fue comprobar lo que sucede de forma sistemática en las cárceles de la Provincia. Esto lo saben muchos operadores judiciales y muchos son indiferentes. La política pública del Servicio Penitenciario en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con un dejar hacer, lo que nosotros llamamos un autogobierno.

    Al tiempo que sentenció: “No es mi rol criticar la política del estado Provincial pero si puedo decir que la consecuencia de permitir a una corporación de que se maneje sola es que haga lo que quiera. El autogobierno implica que no tiene control exterior esta corporación Penitenciaria”.

    En las últimas horas, el juez ordenó la atención médica de los detenidos, no sólo por parte de los médicos del SPB sino también del Poder Judicial como medida cautelar.

  • Condenan a una mujer que intentó matar su marido, tras recibir violentas palizas

    tribunales

    Una mujer que intentó matar a su marido, quien la agredió físicamente y psicológicamente durante muchos años, fue condena a cinco años de prisión por un tribunal oral de Lomas de Zamora. Los jueces entendieron que la violencia sufrida por imputada era una “circunstancia extraordinaria de atenuación”, lo que permitió que la pena fuera menor a la habitual en estos casos.

    Berta Graciela Yñiguez Ruíz, de 53 años, fue sometida a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Lomas Zamora, compuesto por los jueces Marta Carranza, Silvia González y José Luis Arabito.
    El 12 de diciembre de 2011, luego de una fuerte discusión familiar, la mujer intentó matar con una cuchilla de cocina a su marido, Omar Antonio Blanco. El hecho ocurrió en la vivienda que ocupaban, ubicada en Cosquín 2200, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. En ese momento, se festejaba el cumpleaños del nieto de Omar Blanco por lo que en la casa había varios familiares, quienes testimoniaron en el juicio oral.
    Cansada de los malos tratos de su marido, la mujer tomó un cuchillo de cocina y se lo clavó en el vientre. El hombre fue traslado de urgencia por los propios familiares a la UPA de Fiorito, ya que no había ambulancia. Finalmente, tras una intervención quirúrgica, Blanco pudo sobrevivir.
    Todos los familiares que testimoniaron ante el Tribunal coincidieron en afirmar que, desde hacía años, el hombre maltrataba a la mujer y a sus hijos. De Yñiguez Ruíz había denunciado en una comisaría esta situación que la llevó en una oportunidad a intentar suicidarse ingiriendo gran cantidad de medicamentos.
    “Mamá hace muchos años que sufre el maltrato de mi padre y nosotros, los hijos también. Yo tengo 28 años y de chica recuerdo que estaba todo bien, pero después las cosas cambiaron y mi papá se puso muy agresivo. Le pegaba a mi mamá y nos mandaba a los cinco hijos a dormir, y el que se levantaba ´cobraba´. A mi vieja siempre le daba una paliza por cualquier causa”, relató, entre llantos, una de las hijas de la pareja. El resto de los testigos del caso coincidieron en dichos similares y agregaron también que el hombre quemaba a la imputada con cigarrillos.
    En el juicio, también declaró el propio Omar Blanco quien reconoció sus agresiones a la mujer y reconoció que cuando ella se iba de la casa para no recibir más golpes, él la buscaba para pedirle perdón.
    El impacto de la historia de violencia vivida por Yñiguez Ruíz se comprobó también en las pericias psicológicas a la que fue sometida la mujer. Por eso, en su fallo – al que tuvo acceso Ciudad Animal – el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 dispuso que la mujer inicie un tratamiento psicológico para reponerse de las secuelas.
    Los jueces consideraron que el maltrato físico debía ser considerado al momento de dictar sentencia como una circunstancia extraordinaria de atenuación. Por eso, la mujer fue condenada a 5 años de prisión al encontrarla culpable del delito de “homicidio agravado en grado de tentativa”.
    Por su falta de antecedentes y su buen concepto vecinal, los jueces dispusieron que Yñiguez Ruíz cumpla la pena con una prisión domiciliaria, condición en que ha estado durante el proceso penal.

  • Familiares y amigos de Lautaro Bugatto marchan hoy en reclamo de Justicia

    bugatto
    Familiares y amigos de Lautaro Bugatto marcharán hoy al cumplirse el primer aniversario de su asesinato por una bala policial. La manifestación se realizará a partir de las 17, desde la rotonda El Vapor hasta el lugar del homicidio, en la avenida Monteverde y Pedro Goyena, en Burzaco.
    Lautaro Bugatto fue asesinado el 6 de mayo, cuando el efectivo de la Policía Bonaerense David Benítez le disparó por la espalda en momentos en el joven iba a ingresar a su casa de Pedro Goyena y Monteverde, en Burzaco.
    El agente argumentó que intentó evitar que dos hombres asaltaran a su hermana y que se tiroteó con ellos. No obstante, hay severas dudas sobre la veracidad de ese presunto enfrentamiento ya que se denunciaron irregularidades en la investigación del caso.
    Actualmente, Benítez se encuentra en libertad como consecuencia de una resolución de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora.
    En diálogo con Ciudad Animal, Gonzalo Bugatto, hermano de la víctima, explicó que el objetivo es “recordar a Lautaro en este primer aniversario pero también denunciar el fallo sucio y arbitrario que le permitió al policía que mató a mi hermano estar hoy en libertad”.
    Bugatto denunció que en la causa se cometieron “irregularidades que permitieron minimizar la responsabilidad de Walter Benítez en este hecho”. Y agregó: “vamos a sacar a la luz el manejo que hicieron la Policía y la Justicia en esta causa”.
    Por otra parte, el hermano del ex jugador de Banfield y Tristán Suárez resaltó que la familia tiene “dolor pero también mucha convicción para seguir esta lucha por una verdadera Justicia”.

  • Grosso: “La responsabilidad de la violencia institucional es del Estado”

    Leo Grosso
    El diputado nacional del Frente para la Victoria Leonardo Grosso sostuvo que “la responsabilidad principal de la violencia institucional es del Estado porque es quien la ejerce” y agregó que “se trata de un problema político”
    El legislador es el coordinador e impulsador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, de la cual participan distintos partidos políticos y agrupaciones sociales de todo el país.
    En diálogo con Ciudad Animal, explicó que “para la solución del problema de la violencia institucional hemos incorporado al debate a todos los partidos políticos, a los tres poderes del estado y al conjunto de la sociedad civil”.
    Grosso afirmó que la violencia institucional “se ejerce principalmente sobre los adolescentes y jóvenes de los sectores populares”, y contó que “en los encuentros de la Campaña Nacional (contra la Violencia Institucional) son esos sectores los que más participan activamente”.
    En el mismo sentido, resaltó “el fuerte compromiso de las nuevas generaciones en resolver distintos problemas sociales y políticos, entre ellos el de la violencia institucional”.
    Leonardo Grosso fue el impulsor de la ley que dispuso el 8 de mayo como Día Nacional contra la Violencia. En esa fecha, las escuelas deberán realizar alguna actividad para debatir y visibilizar esta problemática.
    La fecha elegida es un homenaje a los tres jóvenes asesinado en 1987 por efectivos de la Policía Bonaerense, en lo que se llamó la Masacre de Ingeniero Budge.

  • Gravísima denuncia sobre la situación de los detenidos en la Unidad Penal de Lomas

    penal menores
    Todos los defensores oficiales de Lomas de Zamora denunciaron las graves condiciones de detención en que se encuentran los presos enfermos dentro de la unidad 40, ubicada en el barrio Facundo Quiroga, en Lomas, lo cual motivó la citación de autoridades del Servicio Penitenciario provincial, informaron fuentes judiciales.
    A través de un habeas corpus correctivo colectivo a favor de los internos alojados en los pabellones     de Admisión, Separación y de Tránsito, señalaron que los presos permanecen «en condiciones que arriesgan su vida, profundizan las lesiones a la integridad física y violan sus derechos» y pidieron «hacer cesar su padecimiento».
    Los     defensores oficiales destacaron «la sistemática conducta omisiva y comisiva no sólo del SPB, sino de los responsables del Área de Sanidad, por la ausencia de atención médica, o mejor dicho el abandono de los detenidos».
    «Existen     detenidos con convulsiones y por haber sufrido un tiro», remarcaron en la presentación los defensores María Fernanda Mestrin, Marcela Piñero, Pablo Nesci, Yanina Invernizio, Carlos Catalano y Susana Dvoskin.
    La     denuncia fue formulada ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora y por sorteo recayó en el juez Gabriel Vitale, a quien le solicitaron la citación de las autoridades estatales para «hacer cesar las violaciones a los derechos y ordenar las medidas necesarias para evitar su repetición».
    Asimismo, reclamaron que se garanticen la atención médica y farmacológica     de los detenidos de acuerdo a su tratamiento y las condiciones de alojamiento en función de dichas dolencias.
    En las últimas horas, el juez ordenó la atención médica de los detenidos, no sólo por parte de los médicos del SPB sino también del Poder Judicial como medida cautelar. 

  • Otro paseo por un parque de la región que nos invita a hacer la literatura

    parque lomas de zamora

    El relato de Don Acuña en sus charlas con el «pibe» nos hace pasear con nuestra imaginación en tiempos de fin de la Guerra de Las Malvinas. A la vez, nos acerca a aquellas salidas en el parque municipal en donde no faltaban fútbol, amigos y la imagen del amor en cualquier parada de un árbol del actual Eva Perón. Pablo Pallás otra vez nos permite soñar con su micro de literatura en Ciudad Animal.

    Parque Municipal y el fútbol

  • Dura condena a la violencia institucional en un masivo encuentro multisectorial

    encuentro
    El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, distintos miembros del Poder Judicial, legisladores, funcionarios, dirigentes sociales y militantes de distintas agrupaciones de Unidos y Organizados participaron del 1er Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional, que se desarrolló en la Plaza Congreso. Asistieron más de 3 mil personas a las distintas charlas que se brindaron en carpas instaladas especialmente en ese espacio público porteño.
    El encuentro fue organizado por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que coordina el diputado nacional del FPV Leonardo Grosso. En las distintas carpas, los expositores brindaron charlas sobre criminalización de la protesta; prácticas policiales y redes de ilegalidad; la violencia institucional y el enfoque de género; justicia legítima y seguridad democrática; y medios de comunicación y violencia.
    La apertura se llevó a cabo en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, con la presencia de Boudou, Zaffaroni, Domínguez, Grosso y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.
    En su discurso, Zaffaroni denunció el “encubrimiento” político, judicial y de las fuerzas de seguridad en los casos de narcotráfico, explotación sexual y violencia institucional, e instó a repensar el rol de “la policía y sus estructuras” en las políticas de seguridad.
    “Hace 30 años estábamos solos los que hablábamos de violencia institucional (…) Hay una enorme deuda política de repensar la policía y sus estructuras”, subrayó el ministro de la Corte.
    En la jornada estuvieron presentes, entre otros, la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, numerosos dirigentes sociales, y familiares de víctimas de la Violencia Institucional.
    En diálogo con Ciudad Animal, el diputado nacional Leonardo Grosso explicó que el objetivo del encuentro fue “instalar en la agenda pública la problemática de la violencia institucional en todas sus formas”, la vez que destacó la presencia masiva de jóvenes en la jornada.
    El legislador afirmó que “este tipo de encuentros nos permiten intercambiar ideas, a través de distintos enfoques de una problemática compleja como es la violencia institucional”. En tanto, recordó que las acciones en este tema se profundizaron hace un año cuando se puso en marcha la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
    El cierre estuvo a cargo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien leyó un documento que sintentizó lo debatido en los distintos espacios durante el encuentro.
    “Frente a la `deuda interna`, herencia de la última dictadura cívico militar y del neoliberalismo salvaje, hemos logrado la ampliación de derechos inusitada de esta `década ganada`, aunque ello no fue simple: ningún derecho se regala, nadie entrega sus privilegios sin reacción”, se señaló en el documento, titulado «Basta de violencia institucional; por una seguridad democrática y popular; por una justicia democrática. Ni un pibe menos».
    En el documento, se denunció que “persisten las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el accionar violento de las fuerzas de seguridad: hostigamientos, detenciones arbitrarias, reclutamientos para el delito, armado de causas, torturas, desalojos violentos, represión a la protesta, fusilamientos, `gatillo fácil`”.
    El próximo 8 de este mes se recordará en todas las escuelas el Día Nacional contra la Violencia Institucional, fomentando en el ámbito educativo el debate sobre este tema.