La Cámara de Casación bonaerense declaró la nulidad de una insólita causa penal abierta contra una madre que había pedido en 2010, en la Defensoría Civil de Lomas de Zamora, un consejo para poder tramitar el DNI de su hijo que por entonces tenía tres años, y que había sido registrado con un nombre falso al nacer.
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La representante de la Defensoría Civil que la recibió, temiendo que se tratara de un caso de suplantación de identidad, en lugar de recomendarle que hiciera el ADN para confirmar la identidad, hizo una denuncia penal por falsificación de documento público. La causa recayó en la defensora oficial Marcela Piñero quien pidió la nulidad. No obstante, el fiscal siguió adelante con la acusación y el juez de Garantías lo avaló, rechazando el pedido de la defensora de la joven.
Piñero apeló luego ante la Cámara de Apelaciones, quIen ratificó el rechazo. Finalmente, la defensora llegó a Casación. Fue entonces que la Sala III de Casación ordenó anular lo actuado. A todo esto, la criatura ya tiene siete años pero aún no tiene DNI por la demora ocasionada por la infundada acusación.
“Lo que ocurrió fue un tremendo absurdo. Se gastó tiempo y se encarnizaron contra una joven vulnerable, en lugar de asesorarla y contenerla”, explicó la defensora oficial Marcela Piñero, en diálogo exclusivo con Ciudad Animal.
En tanto, sostuvo que “si se la hubiera escuchado, todo se tendría que haber solucionado con una simple rectificación de partida de nacimiento”. Y agregó que “la defensora civil hizo tres presentaciones contra la joven en la causa penal que ella misma impulsó”.
Piñero reconoció que “situaciones de este tipo se dan a diario, con la diferencia que el caso de esta joven tuvo trascendencia pública”. En tanto, resaltó que “la decisión de la Cámara de Apelaciones de avalar la actuación de la defensora civil fue muy desacertada”.
La joven tenía 18 años cuando dio a luz a su hijo en el Hospital Alende de Ingeniero Budge, en 2007. Por su edad y la falta de contención familiar la madre no dio su apellido y se otorgó al recién nacido un nombre falso que los médicos registraron.
“La joven había ocultado su identidad porque quería dar a su hijo en adopción pero luego se arrepintió y concurrió a la Justicia para regularizar la situación”, explicó Marcela Piñero.
La madre se presentó ante la Defensoría Civil de Lomas de Zamora el 21 de abril de 2010, cuando su hijo tenía tres años, para que le aconsejaran cómo hacer para sacar el DNI con su verdadera identidad.
La atendió la abogada Daniela Martínez, en la Mesa General de Entradas. En lugar de recomendar lo que correspondía – pedir el ADN gratuito para certificar la identidad del niño, lo que hubiera zanjado todos los problemas -, la funcionaria judicial inició una denuncia por falsificación de documento público. Se abrió una causa penal y se designó como defensora pública a Marcela Piñero quien pidió la inmediata nulidad.
Pero el fiscal, Santiago Vadillo, pidió avanzar; el juez de Garantías, Horacio Hryb, rechazó el pedido de nulidad; y los jueces Jorge Rodríguez y Tomás Bravo, de la sala III de la Cámara de Apelaciones, tomaron el mismo camino, bajo el criterio de que Martínez no había faltado al secreto profesional ya que, como no era defensora titular, no estaba obligada. Todos, claro, invocando “el interés superior del niño”.
Piñero se presentó en queja ante Casación. Finalmente, el reciente fallo de ese organismo anuló la causa desde su origen en un tono muy crítico: “En actitud irreflexiva –sostiene el juez Carral, de Casación, en su voto– la secretaria (Daniela Martínez) transgrede en forma imprudente el secreto profesional al que estaba obligada”. Y recuerda el derecho de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Piñero había demostrado que la denuncia contra la joven había sido presentada con datos que ella misma había aportado a su supuesta defensora civil en busca de ayuda. Carral subrayó además que según Martínez, la madre “había ‘confesado’ ante su presencia (como) ‘funcionaria pública’ un supuesto delito; desoyendo por completo su función de ‘asistir’”.
Carral además sostuvo que “se vulneró el derecho de acceso a la Justicia”, citando los artículos 18 de la Constitución nacional, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 15 de la Constitución provincial. “(…) la solución que en definitiva se adopte (…) tendrá inmediata consecuencia sobre una gran porción de la población y, en concreto sobre aquellos que afrontan escasos recursos económicos”, enfatizó Carral, quien destacó la “esmerada” labor de la defensora Piñero, además del defensor Mario Coriolano y el fiscal Carlos Altuve ante Casación.
Así se cerró un insólito caso de la Justicia lomense en el cual una defensora civil actuó acusando a su defendida. Una peligrosa inversión de roles.
