Dos ex secretarios y la psicóloga de un juzgado de Menores de Lomas de Zamora fueron detenidos e indagados por su posible participación en la apropiación ilegal de tres hermanos durante la última dictadura. El caso tuvo como epicentro el juzgado a cargo de Marta Delia Pons, quien llegó a decirle a una Abuela de Plaza de Mayo que no pensaba devolver nietos de desaparecidos porque “sus hijos eran terroristas”, y que murió impune en 1994. Los menores, que en 1977 tenían 2, 4 y 5 años, estuvieron hasta el retorno de la democracia en el Hogar Casa de Belén, de Banfield, donde fueron sometidos a maltratos y abusos sexuales. Por estos delitos también fueron indagados y detenidos la mujer que tenía a su cargo ese “hogar” y un hombre acusado como coautor de violación, agravada por su responsabilidad como encargado de la guarda de la víctima.
Los hermanos Carlos Alberto, María Ester y Alejandro Ramírez fueron testigos el 14 de marzo de 1977 del operativo en el que fue asesinada su madre, Vicenta Orrego Meza, junto con Florencia Ruival (embarazada) y José Luis Alvarenga. Los dos últimos fueron enterrados como NN en cementerios de Grand Bourg y Rafael Calzada e identificados años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense. El tiroteo ocurrió en una casa del barrio San José, en Almirante Brown. Carlos, de cinco años, fue herido al ser rozado por un proyectil en la cabeza. Los militares y policías que intervinieron abandonaron a los niños, que quedaron al cuidado de un matrimonio vecino. Les dijeron que volverían a buscarlos, pero nunca aparecieron. El matrimonio se presentó luego en la comisaría y finalmente los llevó al tribunal de menores de Lomas de Zamora a cargo de Pons. La jueza, quien se ufanaba de derivar a los niños “a familias decentes” y con los años se convertiría en icono de la complicidad del Poder Judicial con el plan sistemático de robo de bebés, ordenó alojarlos primero en el hogar Leopoldo Pereyra y luego en la Casa de Belén.
Casa de Belén estaba a cargo del matrimonio que formaban Manuel Maciel y Dominga Vera, que vivían allí con sus tres hijos, más los niños derivados por la Justicia. Pese a que el padre de los hermanos, Julio Ramírez Domínguez, estaba vivo (en la cárcel), los niños fueron bautizados e inscriptos en un colegio con el apellido Maciel. Cuando María Ester preguntaba por sus padres le respondían pegándole o insultándola con frases como “tu mamá era una puta y tu papá un terrorista, borracho, que tenía muchas armas y mataba gente”. Según consta en la causa, en el juzgado de Pons llegaron a decirles “ustedes son hijos del diablo”, mientras la jueza interceptaba las cartas que les enviaba el padre y le impedía a una tía tomar contacto con los niños.
“Los pedía una tía paterna”, recordó durante el juicio por el plan sistemático de robo de bebés María Felicitas Elías, entonces asistente social del juzgado. “La visité y redacté un informe a favor de darle la guarda, pero la jueza me llamó a su despacho y me dijo que no era lo que esperaba, que eran hijos de un paraguayo montonero que había desafiado la Constitución Nacional y no merecía recuperarlos”, relató. Fue en el contexto de Casa de Belén en el que, sin la madre, distanciados del resto de la familia, los hermanos fueron sometidos a tormentos físicos y psíquicos, violaciones y otros delitos sexuales por quienes estaban al frente del “hogar” y por dos hombres que visitaban el lugar como “padrinos”. El calvario se prolongó hasta 1984, cuando con la ayuda de Emilio Mignone y psicólogos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lograron reencontrarse con su padre, con quien se fueron a vivir a Suecia.
La causa fue reimpulsada por el CELS, comenzó a investigarse en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, y por la jurisdicción donde estaba la Casa de Belén fue enviada finalmente al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Carlos Ferreiro Pella. El magistrado caratuló los delitos como sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años en concurso ideal con alteración y supresión del estado civil de menores y violación doblemente agravada por haber causado un grave daño en la salud de las víctimas y por el rol de encargados de guarda de los victimarios. Los ex secretarios de Pons que fueron indagados son Lisandro Luis Chiavaro y Norma Susana Pellicer, ambos como partícipes necesarios de las apropiaciones. La licenciada en psicología María Teresa Gómez, responsable de las inspecciones que ordenaba el juzgado, fue imputada además como partícipe necesaria de las violaciones agravadas. Como coautora de las apropiaciones y partícipe necesaria de las violaciones fue indagada Dominga Vera (su esposo no, porque falleció), en tanto Juan Carlos Milone rinde cuentas como coautor de las violaciones.
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